La Justicia ordenó la clausura de 16 locales del centro de fotocopiado situado frente a la Facultad de Derecho, tras una denuncia por violación a los derechos de autor presentada por la Fundación de Cultura Universitaria (FCU). Además, existe denuncias del BPS y la DGI, y se inició una investigación por lavado de activos.
Personal de la Dirección General de Crimen Organizado e Interpol procedieron esta mañana a la clausura, por orden judicial, de 16 locales del centro de fotocopiado ubicado frente a la Facultad de Derecho, en Eduardo Acevedo y 18 de julio. Sobre las 9:30 horas una veintena de funcionarios policiales ingresaron a los locales y procedieron a su cierre y la incautación de fotocopiadoras y otros materiales.
El procedimiento se realizó a instancias de la jueza Especializada en Crimen Organizado de 2º Turno, Adriana De los Santos, y la fiscal Mónica Ferrero, tras una denuncia por presunta violación a la normativa de derechos de autor presentada por la Fundación de Cultura Universitaria (FCU), según indicaron fuentes judiciales a Caras y Caretas Portal.
La denuncia fue presentada en 2011 ante el hoy fiscal de Corte Jorge Díaz, tras constatar que en varios locales del Centro de Fotocopiado se comercializaban sin autorización ejemplares editados por la FCU, lo que violentaría la norma de derechos de autor, prevista en la Ley 17.616.
La FCU, una institución cultural sin fines de lucro, dependiente del Centro de Estudiantes de Derecho (CED), dona sus ejemplares al centro de fotocopias del CED para su comercialización entre los estudiantes. Empero, se constató que varios locales del Centro de Fotocopiado, ubicado frente a la Facultad, tenían los textos escaneados en su poder y procedían a la comercialización de volúmenes importantes de los mismos sin autorización, indicaron las fuentes.
La investigación de Crimen Organizado permitió confirmar la denuncia, ante lo cual la jueza De los Santos ordenó incautar las fotocopiadoras y el material fotocopiado. Las máquinas serán periciadas para confirmar si tienen escaneados en su memoria los textos de diversos autores editados por la FCU.
“Esta claro que, en base a copias falsificadas, existía un provecho ilícito para los propietarios de los locales, porque se procedía al fotocopiado y comercialización de libros enteros”, agregaron las fuentes. La investigación confirmó que textos cuyo valor de mercado rondaba los 300 pesos eran comercializados en estos locales a un tercio de su valor, 100 pesos.
La indagatoria se extendió más de dos años, en virtud de la existencia de una investigación paralela sobre el patrimonio de los propietarios de los locales, ante la eventual comisión de un delito de lavado de activos, ya que la violación de la normativa de derechos de autor es un delito precedente.
Además, se inició una investigación por parte del BPS y la DGI ante la eventualidad de la comisión de delitos de índole tributario, agregaron las fuentes. Una treintena de personas fueron detenidas, entre ellas, algunos propietarios de los locales; cinco de ellos estarían sumamente comprometidos, señalaron las fuentes.
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